Hoy, día 21 de marzo, ha sido nuestra primera sesión y no podíamos haber iniciado la experiencia de mejor manera.

La primera puesta en escena ha sido con el grupo de mujeres IRIS, en el que hemos disfrutado de un ambiente con mucha fuerza y con experiencias realmente interesantes. La noticia que nos ha tocado exponerles para entrar en debate han sido, la promesa de Puigdemont de su visita a la Mina y el futuro del edificio Venus. La verdad es que nos sorprendimos bastante, ya que no hizo falta formular las preguntas que llevábamos preparadas, ya que se respondieron por sí solas a medida que se hablaba del tema.

Nos dió la sensación de que es un grupo de mujeres con las ideas muy claras Tienen claro que la visita de Puigdemont, por ejemplo, no se realizará para beneficiar a la Mina, sino por sus propios intereses políticos. Todas coincidían además en que los planes de mejora del barrio son algo utópico, ya que no se llegará a mejorar nunca. Para cualquier tema siempre aportan el comentario de “esto no tiene solución”, lo que lleva a pensar que están ya hartas de la situación que se vive en el barrio. Esto se debe, entre otras cosas a la visión que nos trasladaron,  de que el barrio está marginalizado intencionadamente, lo que no permite, por mucho que haya soluciones posibles, que la Generalitat y el resto de la Administración las lleven a cabo. Pero a pesar de todo no se rinden. Mantienen su indignación y forman parte del combativo frente vecinal, cada vez más escaso.

Cuando concluyó la sesión nos dimos cuenta de la gran cantidad de cosas que habíamos aprendido sobre la Mina y sobre cómo viven los vecinos su existencia aquí, en tan sólo poco más de una hora de reloj.

La segunda sesión de la jornada nos enfrentaba a un periodista, reputado como experto en las cuestiones de La Mina. Fantástico encuentro con Jordi Ribalaygue. La noticia a revisar, en dos palabras: aproximadamente entre 2011 y 2015, en la Mina se produce una situación de ilegalidad administrativa dentro de la cual se terminan pagando más de 800.000 € en total, a los clanes gitanos, en concepto de vigilancia.

En este periodo se construyeron las nuevas viviendas que deberían haber servido para realojar a los ocupantes del bloque Venus. Tanto algunos pisos viejos que han quedado vacíos, como algunas viviendas nuevas que todavía no han sido ocupadas, precisan vigilancia.

La noticia en concreto, publicada el 2016 en el periódico digital “ara.cat”, habla exclusivamente de que los tres concursos públicos en los que se ofrecía una partida de 132.500 €, han quedado desiertos, siendo la primera vez que se exigía a los concursantes autorización legal, para actuar como empresa de seguridad privada. Beelan Seguridad y Protección fue la única que se presentó, siendo descartada  al no poder acreditar estar al día en el pago de impuestos y de Seguridad Social. Las empresas privadas alegan, como excusa formal, no estar interesadas a causa del bajo precio ofertado por el servicio. Como razón real; no quieren tener problemas con los clanes gitanos.

Jordi Ribalaygue, periodista profesional y colaborador habitual de “El Mundo” y de “El Periódico de Sant Adriá”, nos confirma la veracidad de todos los detalles del artículo escrito por Enric Borrás, profundo conocedor, como él mismo, de la realidad del barrio.

Beelan es una de las empresas que hasta ahora se han encargado de la vigilancia de los pisos vacíos. Este es el nombre comercial utilizado por “Los Manolos”, uno de los clanes gitanos que detentan el control de parte de la vida del barrio. Jordi nos explica que este poder puede llegar a ser absoluto, de vida o muerte, en cuanto que recientemente una amenaza de venganza provocada por el asesinato de un integrante de uno de estos clanes, provocó la huida de más de 500 personas del barrio, pertenecientes a los otros clanes enfrentados.

En todo caso, Jordi nos indica que este artículo forma parte de toda una serie de Enric Borrás, en la que se puso evidencia la absoluta irregularidad de la actuación de la Administración en este asunto, hasta este momento.

Se supone que la presente situación se resolverá mediante un sistema de negociados, en lugar del fallido concurso, según el cual se escogen directamente un mínimo de tres empresas para que compitan entre sí. Es el actual Govern el que ha decidido ahora retornar a la legalidad, aunque parece que Conselleria de Interior tenía constancia desde 2013 de que la vigilancia se estaba adjudicando a empresas sin autorización.

Para tantas cosas curiosas que nos pasan en este país, una más. En plena crisis y entre recortes extremos de partidas como educación o sanidad, entre otras, pueden pagarse unos servicios de vigilancia “a bulto”, ya que parece que no es necesario seguir los procedimientos legales propios de cualquier concesión de dinero público. Protagonistas: el Consorcio de la Mina formado por la Generalitat, los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Adriá y otras entidades públicas, de una parte, y los clanes gitanos de la otra. ¿Increíble pero cierto?

Sara i Miguel Ángel