Última sesión

Para trinchar la segunda noticia de la jornada, disponíamos de un “hacha de doble filo”. Dos vecinos, a cual más comprometido con el progreso social del barrio, leyeron el artículo y atendieron a nuestras preguntas. Se trata por una parte de Sergi Moreno, salesiano que vive en el aquí y que realiza las funciones de titular de la Plataforma d’Educació Social de La Mina, y por otra de Eduard Fuentes, vecino y miembro del Consell Editorial del proyecto “desdelamina.net”.

La noticia anuncia la dimisión de Juan Carlos Ramos, Vicepresidente de la comisión ejecutiva del Consorcio de la Mina, según declara él mismo “por falta de respuesta política a las familias del edificio Venus, pendientes de realojamiento”. Se señala que esta dimisión, no aceptada por el alcalde de Sant Adriá, coincide casualmente con la publicación de las informaciones que revelaban las irregularidades en la contratación de vigilancia de los pisos propiedad del Consorcio. Esta vigilancia estaba a cargo de los clanes gitanos que se disputan el control del barrio, los cuales cobraban de los fondos públicos por tal servicio.

El artículo continúa enumerando la secuencia histórica del conflicto del edificio Venus. En 2002 el Consorcio acuerda su demolición y asume el realojo de los vecinos. En 2008, esto se preveía en pisos de protección oficial pero mediando el pago de 34.000€, el cual no podía ser asumido por muchas familias. En 2014 se propone rehabilitar el edificio, pero esta opción no consigue el apoyo político necesario. En 2015 la Plataforma d´Entitats de la Mina aprueba mantener el plan inicial de derribo del edificio. Simultáneamente, el Consorcio i la Agencia Catalana de l´Habitatge sortean los 236 pisos protegidos del barrio, incluidos los previstos para el realojo de los vecinos del bloque Venus, entre solicitantes de toda Catalunya. Por otra parte, ofrecen 53 pisos de los edificios Venus, Mart y Levant, a familias del barrio en riesgo de exclusión social. La rehabilitación de estos pisos, en un edificio pendiente de demolición, está pendiente desde entonces. No, no es un error de redacción, es un “error” de las Administraciones.

Finalmente se relaciona la composición del Consell de Govern del Consorci de la Mina, que es quien ejerce “de facto” el gobierno municipal. Está formado por representantes, no electos sino designados por cada uno de los organismos,  de los Ayuntamientos de Barcelona y Sant Adriá, de la Generalitat y de la Diputació de Barcelona. La Comisión Ejecutiva, más reducida y ágil es quien resuelve el día a día de la entidad y en ella sobre todo su gerente, Juan Luis Rosique.

Nuestros invitados empiezan por hacer una declaración general, en la que reclaman para el cambio del barrio, no tanto soluciones policiales como atención a las personas, lo cual pasa por disponer de recursos para ello.

Centrándose en la noticia, afirman que las Administraciones incumplen sistemáticamente sus acuerdos. En lugar de proyectar confusión, malentendidos y opacidad, la Administración tendría que generar un clima de confianza, que deviniera constructiva. Esto sería posible si se propiciará el diálogo con todas las asociaciones vecinales y con todos los partidos políticos.

Cada proyecto, por ejemplo los educativos, tendrían que contar por una parte con la consulta e intervención de los implicados, y por otra con medios económicos suficientes para su implementación. En su ausencia, la única parte relativamente positiva es que los niños de la Mina salen a estudiar fuera del barrio relacionándose con otras realidades. El objetivo, en contrario, es mantener e incluso traer a los demás a la Mina. Aquí, desde ofrecer comedores gratuitos en las escuelas, hasta iniciativas puntuales que se han revelado exitosas, como la Cursa de la Mina.

Un ejemplo de la falta de los recursos necesarios para ofrecer soluciones, es el del “Equip de Juntes de Escales”, encargado de entrevistar a los ocupantes de cada piso del bloque Venus e intentar determinar el número y la situación de sus ocupantes. Son dos personas, con lo cual su tarea, dadas las dimensiones del edificio, se eternizará.

En cuanto a la solución de la cuestión Venus, encontramos diferencia de opiniones entre nuestros interlocutores. Si bien Sergio cree viable y oportuna la rehabilitación, y Eduard piensa lo contrario, alegando que las problemáticas de convivencia en complejos macro, con los ocupantes actuales, son de difícil solución.

También disienten, sin ser contradictorios, en las políticas globales más convenientes para la mejora del barrio. Mientras que el salesiano apuesta por las acciones de integración, con racionalización, con presupuesto y con seguimiento, Eduard desconfía del éxito de los sistemas de incentivos y entiende que sería también eficaz, la represión coactiva de las conductas antisociales. Ambos coinciden por el contrario, en que la tarea debe abordarse con optimismo y con consciencia de que el progreso no será rápido.

Sergio nos llama la atención sobre un colectivo sin visibilidad en el barrio; aquellos que no son problemáticos, los que sí han estudiado. Insiste en que se deberían establecer planes y ayudas especiales para ellos, lo que indirectamente también tendría valor atractivo para el resto de la población.

En el apartado relativo al Consorcio como ente administrativo, se  reitera la falta de consulta a los vecinos en los procesos de toma de decisiones. La comunicación y la transparencia deberían presidir la relación entre los vecinos y el organismo. En su ausencia, algunas de la políticas aplicadas son positivas, y otras, o bien están alejadas de las realidad del barrio, o bien no llegan nunca a aplicarse al amparo de la disolución de responsabilidades a la que se presta la composición del Consorcio.

En todo caso, el problema principal acaba siendo principalmente, la falta de medios presupuestarios para poner en marcha los proyectos adecuados. El contraste: el sueldo del Sr. Rosiqué, gerente del Consorcio, que parece rondar los 115.000€ anuales.

Sara i Miguel Ángel